En la parte posterior de su cabeza rapada hay una cicatriz de una lesión traumática del cerebro que lo hizo incapaz de leer, escribir o incluso recordar su cumpleaños.
Era la audiencia de deportación de Canto-Ortiz y el juez de inmigración David C. Anderson evaluaba su condición mental. El juez le preguntó al detenido de 51 años si podía explicar en qué tipo de sala de tribunal se encontraba."Demasiados problemas en mi cabeza, no puedo decir nada", murmuró Canto-Ortiz en español.
Para el sistema legal y los abogados de los derechos de los inmigrantes, su caso representa un problema frustrante que no tiene una respuesta sencilla: los inmigrantes ilegales con enfermedades mentales graves, muchos sin antecedentes penales, se han visto atrapados en la detención en Estados Unidos sin abogados.
"Éstas son personas que permanecen detenidas durante años sin entender qué les está sucediendo", dijo Talia Inlender, abogada de Public Counsel, un bufete de abogados pro bono que representa a varios de los demandantes en una demanda colectiva a favor de detenidos con enfermedades mentales en California, Arizona y Washington. "Presentan discapacidades mentales en tal grado que no pueden participar en sus propios procedimientos de traslado forzoso".
En promedio, el gobierno mantiene más de 30,000 inmigrantes ilegales detenidos en un día cualquiera. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no saben cuántos de ellos sufren discapacidades mentales, pero los abogados de la demanda colectiva estiman que unos 1,000 inmigrantes detenidos tienen una "enfermedad mental grave".
En enero de 2011, Inlender y un grupo de bufetes de abogados pro bono identificaron a Canto-Ortiz, que nació en México y llegó a EEUU cuando era niño, como un posible demandante para la demanda presentada el año pasado. Ésta es la primera demanda colectiva a favor de detenidos con enfermedades mentales graves que pasan por los tribunales de inmigración sin contar con acceso a abogados.
La demanda colectiva afirma que al negarles a los detenidos con enfermedades mentales graves el derecho a contar con abogados designados por el tribunal, el gobierno les ha negado los derechos del debido proceso legal y ha violado leyes federales contra la discriminación. La Ley de Inmigración y Nacionalidad les brinda a los no ciudadanos el privilegio de la representación, pero no a costa del gobierno.
El 20 de diciembre, la jueza Dolly Gee del Tribunal del Distrito Central de California otorgó la categoría de demanda colectiva. La jueza concluyó que no hay un mecanismo para evaluar si los detenidos con discapacidades mentales pueden representarse a sí mismos.
Los representantes del gobierno no realizaron comentarios sobre la demanda. Pero en una audiencia en Los Ángeles en abril del año pasado, Víctor M. Lawrence, subdirector principal de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, alegó que los demandantes no habían probado "que hubiera una cantidad significativa de personas que podrían ser dañadas".
La demanda surgió como consecuencia del caso de José Franco-González, un hombre con una enfermedad mental que se declaró culpable de agresión y fue detenido en 2005. Un juez de inmigración cerró su caso de deportación porque Franco-González no contaba con un abogado y era mentalmente incapaz de representarse a sí mismo. Pero el hombre continuó detenido.
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