La ley de identificación de votante, discriminaría a casi 800,000 ciudadanos registrados para votar en Texas y entre ellos a más de 300,000 hispanos, según datos de enero de 2012, indicó la carta enviada a la administración estatal por el director de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, Thomas Pérez.
La dependencia federal rechazó otorgar a Texas la autorización previa para aplicar esa ley identificada como SB-14, ya que como otros 15 estados con una historia de discriminación a minorías de votantes, está obligado a obtener el consentimiento federal a cualquier cambio a una ley estatal antes de ponerla en vigor.
En la misiva federal, se señala que la determinación de no autorizar el uso de la ley de identificación de votante, se debió a que el estado de Texas no estableció que los cambios propuestos fueron adoptados sin propósito de discriminar a las minorías de electores.
Entre las razones expuestas, en base a datos estadísticos proporcionados por el gobierno estatal, los texanos sin forma de identificación oficial como una tarjeta de identidad o la licencia de conducir, se enfrentan a problemas de transportación e insuficiencia de oficinas para realizar los trámites, así como horarios limitantes para acudir a hacer las gestiones de tales documentos.
Esas circunstancias afectan principalmente a la población latina, ya que el 7.3% de los hogares hispanos carece de vehículo de transporte, que en 81 de los 254 condados en el estado no hay oficinas para tramitar licencias de manejo y en esos 81 condados viven el 14.6% de los hispanos, señala el departamento de Justicia en su carta.
Según datos más recientes de enero pasado, el 6.2% de los votantes registrados en Texas carecen de identificación, lo que representan 795,955 personas y de ellos 304,389 son hispanos.
"Incluso utilizando las estadísticas estatales más favorables, los hispanos desproporcionadamente carecen de licencia de conducir o de tarjeta de identificación personal", asentó Pérez en la carta.
Por su lado, la directora de la Unión de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas del inglés), Terri Burke, señaló en un comunicado que "nos complace que el departamento de justicia haya reconocido la naturaleza discriminatoria de la ley de identificación de votante en Texas".
Opinó que la ley es anticonstitucional, ya que deprivaría a pobres, discapacitados, ancianos y a mucha gente de color de su derecho a votar. Y la comparó con un retorno a "Jim Crow", el sistema racista contra los afroamericanos que existió hasta mediados de los 60's, pero "como fue escrita enfocada en los hispanos, esta es una versión "Juan Crow" particularmente maliciosa", dijo.
El Partido demócrata de Texas también encomió el rechazo del departamento de Justicia a la SB-14, porque "esta innecesaria ley habría pisoteado el derecho constitucional de votar en las urnas para cientos de miles de texanos", señaló la vocera Rebecca Acuña.
Advirtió que es tiempo de que el procurador general de Texas avance y deje de trabajar en despojar de derechos civiles a los texanos. "Los republicanos ya han desperdiciado demasiado dinero de los contribuyentes defendiendo esta ley hecha para la eliminación de votantes", añadió.
Por su parte, el procurador estatal Greg Abbott señaló en un comunicado especial que la conclusión del departamento de Justicia "no es ninguna sorpresa, dado que la administración Obama rechazó una ley similar en Carolina del Sur".
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